“La LGTBI es una buena ley y cuenta con todo el respaldo social de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid” afirmó Cristina Cifuentes, presidenta de la CAM. La polémica venía servida por una carta que hicieron pública los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, y de Getafe, Joaquín María López, para que los católicos actúen contra dicha ley.
Para Cifuentes “la postura de estos obispos no es la de la Iglesia Católica en pleno y no compartimos en absoluto su punto de vista”. En la citada misiva los obispos Reig y María Lopez señalaban que dicha norma «niega la diferencia sexual varón-mujer» y que «pretende anular la enseñanza pública de la Biblia», cuestiones con la que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid no está de acuerdo.
Ley para la igualdad
Según la presidenta madrileña, la ley, «un compromiso electoral a favor de la igualdad de las personas con independencia de su identidad sexual», fue aprobada «no sólo por la mayoría de los madrileños que votaron al PP, sino con el apoyo de todos los grupos parlamentarios» en la Asamblea de Madrid el último pleno antes del verano de mediados de julio. Desde la Comunidad de Madrid se piensa que este tipo de normas puede ayudar a educar en igualdad y evitar situaciones de acoso que viven estos colectivos de nuestra sociedad.
‘La postura de estos obispos no es la de la Iglesia Católica en pleno y no compartimos en absoluto su punto de vista’
En su tramitación dicha norma, que busca la no discriminación de las personas LGTBI así como la protección de las mismas salía adelante gracias a los votos a favor de las cuatro formaciones que componen el parlamento regional, a pesar de que como ha recordado la oposición en alguna comparecencia , ésta presentaba 138 enmiendas al proyecto inicial del PP.
Así las cosas, la Asamblea de Madrid acogía el debate de un texto estructurado en una exposición de motivos, catorce títulos y cinco disposiciones adicionales que, a lo largo de 57 artículos, describe cómo debe ser el comportamiento administrativo, educativo, laboral, sanitario y social respecto a las personas transexuales.
La llamada Ley contra la «LGTBIfobia» que, entre otros asuntos, impone la obligación de «educar en la diversidad sexual» a los colegios públicos y concertados. Al mismo tiempo, cree que podrá combatir la lacra social de las agresiones físicas y las discriminaciones a personas del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).
La introducción obligatoria de la educación contra la «LGTBIfobia» fue en su día celebrada desde diferentes sectores al «imponer sanciones duras a quien, pudiendo evitar esa discriminación, no lo evite». En su artículo 34 obliga a todos los docentes a recibir “formación” por parte de las organizaciones LGTBI e introduce la “realidad LGTBI” y los “diferentes modelos de familia” en los cursos y masters de formación del futuro personal docente e impulsa «la creación de un fondo bibliográfico de temática LGTBI, en todo caso respetuoso con los derechos humanos y nunca contrario al reconocimiento de la diversidad sexual».
Medios informativos
Otro aspecto de esta normativa tiene que ver con los medios informativos. Aquellos de titularidad autonómica y aquellos otros que perciban ayudas o fondos de la Comunidad de Madrid deberán promover esta política de concienciación y divulgación de la inclusión social y el respeto a la diversidad sexual, identidad y expresión de género, emitiendo contenidos que contribuyan a una percepción de las personas LGTBI exenta de estereotipos y eliminando el uso de lenguaje sexista u ofensivo hacia las personas LGTBI«.
También se indica que gracias a esta norma se irá incorporando «en la publicidad institucional a todos los niveles la diversidad por orientación sexual e identidad de género y diversidad familiar con el objetivo de favorecer y consolidar en positivo la diversidad de la sociedad madrileña».
Este nuevo texto normativo explica en su articulado cuáles serán las sanciones que acompañen a cualquier acto de discriminación
Cabe recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha convocado un concurso público para realizar un nuevo diseño de la Estación de Metro de Chueca que rinda homenaje a la «diversidad» y que recibirá 30.000 euros en concepto de premios y honorarios en este trabajo.
Hay que recordar que este nuevo texto normativo explica en su articulado cuáles serán las sanciones que acompañen a cualquier acto de discriminación. De los 200 a 3.000 euros de multa para las sanciones leves, a los hasta 45.000 euros de multa, prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública e inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos para las más graves.
Preguntada la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre si su Gobierno pudiera plantearse denunciar a los dos obispos ante la Fiscalía, como ya ha hecho el Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Cifuentes eludió entrar en este tipo de enfrentamientos y señaló que «El Observatorio es soberano para tomar estas decisiones y será la Justicia quien decida”.
