La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha constatado cómo a lo largo de los últimos meses ha resurgido la tendencia institucional – incluso siendo el mismísimo Director General de la Guardia Civil – de pretender acallar a los representantes de AUGC a golpe de expedientes disciplinarios por demandar derechos sociolaborales, así como denunciar presuntas irregularidades en el seno de la Guardia Civil.
A modo de ejemplo nos encontramos con el caso de Pilar Villacorta, quien fuera responsable de la Secretaría de la Mujer y vocal titular del Consejo de la Guardia Civil hasta enero de 2017, a la que se le mantiene abierto un expediente por reclamar, en un ejercicio de tiro en el que participaba en octubre de 2016 cuando aún era vocal del Consejo e integrante de la Junta Directiva Nacional de AUGC, un chaleco adaptado a la anatomía femenina.
Ante su solicitud, un mando procedió a colocarle él mismo un chaleco masculino, en una situación humillante que finalmente la llevó a presentar una denuncia. Hoy la Guardia Civil comienza a dotar de los primeros chalecos femeninos a las agentes.
El caso de Pilar Villacorta remite al de Alicia Sánchez, también representante de AUGC y en la actualidad al frente de la Secretaría de la Mujer, que por el mismo motivo -negarse a vestir un chaleco antibalas masculino, esta vez en un control de carretera- sufrió la apertura de otro expediente en el que se la acusaba de un delito de insubordinación que finalmente la juez del Juzgado Togado Militar decidió archivar.
El chaleco antibalas de la discriminación
Cabe recordar que en su auto la propia juez reconocía la discriminación de género existente en la Guardia Civil al no disponer de chalecos femeninos para las agentes. Pese a ello, la Guardia Civil le abriría un segundo expediente acusándola de falta grave.
En su auto la juez reconocía la discriminación de género
existente en la Guardia Civil al no disponer de chalecos femeninos para las agentes
Otros ejemplos de este rebrote en la apertura de expedientes a representantes de AUGC lo encontramos en los casos del secretario general de la delegación de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Couce, y el que fuera su homólogo en la de Cantabria, Alberto Alegría.
Se les han incoado sendos procesos como consecuencia de poner en conocimiento del Jefe de Comandancia unas posibles irregularidades llevadas a cabo por un oficial en el primer caso, y por unas declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación en los que denunciaban presuntas carencias e irregularidades en la Guardia Civil, en el segundo.
Esta situación vuelve a poner en evidencia la necesidad de impulsar en el seno del Cuerpo un nuevo modelo de asociacionismo profesional que traiga una segunda generación de derechos para los guardias civiles.
Resulta inaceptable que todavía hoy se recurra a la apertura de expedientes para silenciar a los legítimos representantes de los guardias civiles en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, AUGC seguirá, con más fuerza si cabe, luchando por una Guardia Civil más democrática, más moderna y con derechos para sus miembros, como llevamos haciendo desde la década de los 90 siendo hereditarios del movimiento sindical clandestino que fructificó en los años 80 en la Guardia Civil.
