Violencia sexual: «Ya es hora de que me creas»

Invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas: millones de mujeres víctimas de violencia sexual en España

• Amnistía Internacional denuncia la falta de políticas públicas y el recorrido lleno de obstáculos y prejuicios al que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual.
• La organización alerta de la atención desigual a las mujeres según la comunidad autónoma en la que se haya producido la violación u otro tipo de violencia sexual.
• El miedo a no ser creídas, la estigmatización y la falta de confianza en las autoridades colocan a España por debajo de la media europea en el número de denuncias presentadas por violencia sexual.
• Violencia de género, empleo y autoestima
• Abuso sexual infantil: la lucha contra el secreto y el silencio

Sin campañas de información que aclaren qué hacer cuando has sido violada o has sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual. Sin cifras que nos sitúen ante una dimensión real de la violencia sexual. Sin políticas públicas que protejan adecuadamente los derechos de las mujeres y de las niñas. Sin recursos especializados para atenderlas.

Esta es la realidad que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual en España. Son algunas de las conclusiones del estudio Ya es hora de que me creas que Amnistía Internacional ha presentado para denunciar que los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en España no están garantizados.

Según Amnistía Internacional, los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en España no están garantizados

Falta de protocolos y formación

Desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación específica de los profesionales que las atienden (policía, personal médico, forense y judicial).

Esto deja vía libre a estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas, minimizan las violaciones que sufren, e incluso las responsabiliza de las mismas. Lo que coloca a España en el puesto 25 de 32, en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual, 2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, según datos de Eurostat en 2015.

«Es necesario que esto cambie, estamos viviendo un momento histórico en el que millones de mujeres han salido a la calle para decir que no consienten que las víctimas sean las únicas cuestionadas tras una violación, y que el Estado no tome medidas para protegerlas. Es un momento en que la gran mayoría de la sociedad no está dispuesta a consentir que mujeres y niñas se encuentren solas en un recorrido lleno de obstáculos que también viola sus derechos», según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

A lo largo de 2018, Amnistía Internacional ha realizado una investigación recogiendo testimonios de mujeres, instituciones y organizaciones en  Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Galicia, que ha permitido detectar los obstáculos con los que se enfrentan las mujeres víctimas y proponer medidas urgentes para abordar un problema que afecta a demasiadas mujeres.

Seis obstáculos que desprotegen a las víctimas de violencia sexual

Invisibilización del problema

La violencia sexual afecta a 1 de cada 2 mujeres, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), o a más de 3.251.000 (13,7%) según la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015.

Estos sólo son algunos de los datos que se manejan, provenientes de encuestas, pero que no permiten conocer la dimensión real de la violencia sexual. La falta de datos oficiales invisibiliza y minimiza este problema. Desde 2009, Amnistía Internacional viene reclamando unos datos que no llegan, lo que tampoco impulsa que se pongan en marcha políticas públicas para abordarlo.

La violencia sexual afecta a 1 de cada 2 mujeres, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE

30 años sin políticas públicas

«La mayoría de las mujeres no sabe cómo actuar tras haber sido violada, acosada en el trabajo, o abusada desde la infancia. La falta de campañas informativas de atención o protección para combatir la violencia sexual deja a las mujeres sin saber qué hacer en momentos especialmente traumáticos, y las enfrenta a descubrir por su propios medios procedimientos diferentes según la comunidad autónoma en la que vivan», señala Beltrán.

Aunque en los últimos años, se han producido importantes avances en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja y ex pareja, porque la Ley integral contra la violencia de género de 2004 sí contempla la protección de las mujeres que sufren violencia sexual en este ámbito, las mujeres que sufren una violación u otro tipo de violencia sexual por terceros conocidos o desconocidos, no se consideran víctimas de violencia de género y son las grandes olvidadas de las políticas públicas.

Ni siquiera el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, incluye medidas contra la violencia sexual en el ámbito de la prevención y sensibilización, sólo recoge una medida dedica a la asistencia de las víctimas, y ninguna para la asistencia y protección de menores víctimas de este tipo de violencia.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género sólo recoge una medida para la asistencia de las víctimas, y ninguna para la asistencia y protección de menores víctimas de este tipo de violencia

Amnistía Internacional considera necesario y positivo el debate para la reforma del Código Penal de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con un tipo específico de violación donde el elemento clave sea el consentimiento libremente otorgado, tal y como establecen los estándares internacionales y específicamente el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.

Pero la respuesta punitiva no lo es todo, España sigue desoyendo recomendaciones internacionales de mecanismos como el Comité de la CEDAW o el Grupo de Trabajo contra la violencia de género de Naciones Unidas, e incumple el Convenio de Estambul ratificado por España en 2014 al no poner en marcha políticas públicas eficaces para combatir la violencia sexual.

La lotería de las comunidades autónomas

A lo largo de esta investigación, Amnistía Internacional ha constatado como la falta de protocolos de actuación ante la violencia sexual, enfrenta a las mujeres a diferentes tipos de atención según la comunidad autónoma en la que vivan.

«La atención, la asistencia y protección de las víctimas no puede ser una lotería que dependa del sitio en el que vives o del tamaño de la localidad en la que ha ocurrido la agresión o donde se denuncie. A esto se añade que  en todas las comunidades autónomas hay importantes carencias en cuanto a la protección de las víctimas de violencia sexual», afirma Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional España.

Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra, además de Ceuta y Melilla carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual.

Ninguna de las 17 comunidades autónomas cuenta con «centros de crisis» (Rape Crisis Center), es decir, centros con personal multidisciplinar con una verdadera especialización en violencia sexual, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tal y como establece el Consejo de Europa.

9 comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra, además de Ceuta y Melilla), carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual.

Además, los protocolos de actuación o coordinación son distintos en cada comunidad autónoma. Aunque la atención médica, incluida la exploración ginecológica, está garantiza existen diferencias en cuanto al procedimiento a seguir en los diversos lugares donde se produce la agresión.

En Andalucía se puede acudir al centro médico antes o después de la denuncia, mientras que en Madrid capital hay que denunciar antes de acudir al único hospital de referencia, La Paz, para garantizar la presencia de personal forense. Esto, sin embargo, no es requisito necesario de esta forma en otras localidades de la comunidad.

Sin especialización y con prejuicios

La falta de una adecuada formación con perspectiva de género de las personas que atienden a víctimas de violencia sexual pone en riesgo el respeto de los derechos de las mujeres.

La suerte de la víctima no puede depender de la sensibilidad de la persona que la reciba

«Las preguntas eran muy repetitivas, y hacía como caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía en su cara que no me creía», relata Blanca (nombre ficticio) a Amnistía Internacional sobre el interrogatorio al que se la sometió al presentar la denuncia en comisaría.

La ropa de la víctima, la hora en que se produjo la violación, si había bebido o no, su nacionalidad, no pueden ser argumentos utilizados para mermar su credibilidad cuando llegan a comisaría a poner una denuncia, o cuando son atendidas en un hospital por personal forense. La suerte de la víctima no puede depender de la sensibilidad de la persona que la reciba.

Atención versus denuncia

Amnistía Internacional observa con preocupación que sea necesario que la víctima presente una denuncia para que se garantice la intervención de personal forense.

Limitar una atención adecuada, el acompañamiento o la protección a la presentación de una denuncia, deja sin atención y protección a muchas mujeres que no denunciarán porque creen que no las van a creer, porque tienen miedo a la estigmatización, porque han sido violadas, abusadas por sus jefes y pueden perder su trabajo, o porque han sido violadas por familiares y temen ser rechazadas por su entorno más cercano.

AI observa con preocupación que sea necesario que la víctima presente una denuncia para que se garantice la intervención de personal forense

La obligatoriedad de poner una denuncia puede invisibilizar a mujeres en situación de especial vulnerabilidad como son las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular que se podrían enfrentar a una orden de expulsión, las trabajadoras domésticas, o las mujeres con discapacidad que en muchos casos son violadas o abusadas por sus familiares o cuidadores, las mismas personas con las que tendrían que acudir a comisaría o a un centro médico en el caso de que decidieran denunciar.

«No volvería a denunciar» no puede ser la idea con la que se quedan las mujeres víctimas de violencia sexual después de haber pedido protección a las instituciones, y haber vivido el proceso judicial como una experiencia traumática. No puede ser que sean las mujeres las  juzgadas durante todo del proceso«, señala Virginia Álvarez.

En España, entre enero y junio de 2018 se denunciaron 788 violaciones, más de 4 al día, según datos del Ministerio del Interior. Pero España sigue estando a la cola de los países europeos en el número de denuncias presentadas. El miedo a no ser creídas, la estigmatización y los obstáculos que se encuentran contribuyen a que este número sea tan reducido.

Medidas urgentes para garantizar los derechos de las mujeres

Para abordar la invisibilidad, el cuestionamiento y la desprotección de las víctimas de violencia sexual, Amnistía Internacional propone seis medidas urgentes:

• recopilar datos que permitan dimensionar este problema para que puedan impulsarse políticas públicas, coordinadas con los gobiernos autonómicos, para la prevención, sensibilización, información, atención y reparación de las víctimas.
• crear servicios especializados como teléfonos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizar la existencia de centros especializados en violencia sexual en todos los territorios del Estado español.

Impulsar la reparación de las víctimas, no solo desde el punto de vista de una compensación económica, sino con la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición

• revisar, actualizar y garantizar la aplicación del Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, incluida la violencia sexual, de 2012.
• reformar el Código Penal en lo referente a todos los delitos sexuales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas, garantizando que se protege la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado,  de acuerdo con los estándares internacionales, especialmente el Convenio de Estambul.
• facilitar asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas, formar y sensibilizar a todos los operadores jurídicos en contacto con las víctimas, y que las instancias judiciales puedan adaptarse para posibilitar espacios amables que garanticen la confidencialidad y seguridad de las víctimas y sus familiares
• impulsar la reparación de las víctimas, no solo desde el punto de vista de una compensación económica, sino contemplando la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

‘No más piedras’

Amnistía Internacional ha puesto en marcha la campaña No más piedras que cuenta con el apoyo de más de 200 organizaciones para reclamar, al lado de las personas que ya están en la calle, medidas rápidas y eficaces que planten cara a la violencia sexual.